Un juzgado
mercantil de Barcelona autorizó la adjudicación del inmueble que albergó el
mayor prostíbulo de España, pero la operación no se puede inscribir en el
Registro de la Propiedad por el veto del juez Fernando Andreu.
El Club Riviera no se puede vender. Cuando en
junio pasado se desplegó la Operación
Pompeya contra el blanqueo de capitales procedentes de la prostitución,
el juez Fernando Andreu, titular
del Juzgado Central de Instrucción
Número 4 de la Audiencia
Nacional, bloqueó centenares de propiedades entre las que se encuentran
dos edificios contiguos de la Autovía de Castelldefels que acogieron el que fue el mayor prostíbulo de España hasta que en 2009 se clausuró
por orden judicial.
El 29 de junio pasado, el mismo día que se inició la
Operación Pompeya, el Juzgado de Fernando Andreu ordenó que se anotase en las
hojas del Registro de la Propiedad correspondientes a las dos fincas del Club
Riviera la "prohibición" de venderlas o enajenarlas. Esta anotación
se realizó en virtud de una pieza judicial separada por la que se investiga el
patrimonio de los propietarios del prostíbulo.
La empresa se encuentra en fase de liquidación
Precisamente, esta prohibición de la Audiencia Nacional ha impedido que se
cierre la venta de los inmuebles del Club
Riviera, propiedad del restaurante Hotel Riviera SL, empresa que se acogió a un concurso de
acreedores en 2010 y que ahora se encuentra en proceso de liquidación. El
Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona autorizó la venta de los dos edificios,
que se adjudicaron a un comprador, pero la operación no se ha podido inscribir
en el Registro de la Propiedad por el veto de la Audiencia Nacional, según
precisa Manuel Matesanz, uno de
los administradores concursales. Matesanz no revela la identidad de los
compradores ni el importe de la operación.
Restaurante Hotel Riviera SL figura como titular de
dos fincas en la Autovía de Castelldefels: el Hotel Riviera, una antigua
instalación turística reconvertida a finales de los noventa en un prostíbulo, y
un edificio anexo, que era una empresa de componentes metálicos que compraron
posteriormente para ampliar el lupanar.
Herrero está acusado de blanquear capitales en
Kazajistán
Entre los accionistas de Restaurante Hotel Riviera SL
se encontraban Antonio Herrero Lázaro
y José Vera Ruiz, detenidos en
junio pasado por orden del juez Fernando Andreu a raíz de la Operación Pompeya.
Herrero está acusado de un presunto delito de blanqueo de dinero de sus
negocios de prostitución mediante la construcción de viviendas en España,
Panamá, Camerún, Etiopía, Irak y Kazajistán.
Antonio Herrero ya fue detenido en 2009, esta vez por
orden de la juez Elisabeth Castelló,
del Juzgado de Instrucción número 33 de
Barcelona, con motivo de la trama de corrupción policial en los
prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels. En mayo de 2014, la Audiencia Provincial de
Barcelona condenó a Herrero a 8 años y 11 meses de prisión, pero el Tribunal Supremo, en una sentencia del
pasado octubre, le exculpó de los delitos de inducción a la prostitución y
asociación ilícita, motivo por el cual le rebajó la pena a 1 año y 11 meses. En
esta última sentencia también se deja sin efecto la clausura judicial de los
clubs y la disolución de las empresas que los regentaban.
El Ayuntamiento de Castelldefels no quiere la
reapertura
El consistorio mantiene que ni el Riviera ni el
Saratoga van a reabrir sus puertas porque no les restituirán las licencias que
tenían. No obstante, el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña todavía no se ha pronunciado sobre un
recurso por defecto de forma interpuesto por la empresa que regentaba el Club
Riviera. Al amparo de la sentencia del Supremo, este prostíbulo podría intentar
reemprender su actividad, pero la Operación Pompeya, en la que se detuvo a sus
dos principales propietarios, supone una losa. Manuel Matesanz, administrador
concursal, señala que la empresa a la que se le adjudicaron los dos edificios
en el proceso de liquidación no tiene nada que ver con sus anteriores
propietarios.
Josep
www.laprensamagazine.cat
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