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4/7/15
ELPLURAL.COM | 04/07/2015
Homofobia y banderas franquistas:
el bochornoso
espectáculo que el PP permite el día del Orgullo
La extrema derecha carga contra los homosexuales
bajo
el pretexto de defender a las “familias normales”
La delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Concepción
Dancausa, ha autorizado este sábado una concentración del grupo ultraderechista
La España en Marcha (plataforma ultraderechista compuesta por La Falange, Nudo
Patriota Español, Alianza Nacional, Movimiento Católico Español y Democracia
Nacional) bajo el lema “Por la familia tradicional, contra el matrimonio
homosexual”.
Capital del Orgullo
El acto se ha celebrado este mediodía en la céntrica
Plaza de Chamberí, ubicada relativamente cerca del barrio de Chueca, donde durante
todo el fin de semana pasaran miles de turistas y ciudadanos para celebrar el
día del Orgullo Gay.
Bochornoso espectáculo
Las redes sociales se han hecho eco de esta
manifestación convocada por la extrema derecha y autorizada por la Delegación
del Gobierno en la que se han exhibido banderas franquistas y se ha cargado
contra los homosexuales bajo el pretexto de defender a las “familias normales”.
Doble rasero
Sin duda, sorprende que la sustituta de Cristina
Cifuentes al frente de la Delegación del Gobierno permita esta marcha
contradiciendo los argumentos que desde el Partido Popular siempre han
esgrimido para prohibir actos como la manifestación atea que colectivos ateos
pretenden realizar cada Jueves Santo en Madrid. Una prohibición que se defiende
bajo el siguiente argumento: “La fecha, lugar y hora elegidos por los
convocantes, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es
que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para
los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos
actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente
voluntad de provocación”.
Manifestación de La España en Marcha contra los
homosexuales. Foto: Twitter (@logela)
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5/3/15
68 asesores del Gobierno de Rajoy no tienen el graduado escolar
El Ejecutivo argumenta que para el nombramiento de
este tipo de personal "no se exige el requisito de estar en posesión de
titulación alguna".
El Gobierno cifra en 578 el número de asesores
eventuales que trabajan para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apenas medio
centenar menos que en la anterior etapa, lo que supone poco más un 8,1 por
ciento menos de los que había al final del segundo mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero.
Así consta en la información que Moncloa ha
remitido a la líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se
había interesado por cómo se había concretado la promesa de Rajoy de reducir
drásticamente el número de asesores.
En su respuesta a Díez, recogida por Europa Press, el
Ejecutivo destaca que el número de personas que ostentan la condición de
eventual "ha experimentado una reducción significativa en los últimos
meses". En concreto, señala que, de acuerdo con los datos del Registro
Central de Personal, el 1 de diciembre de 2011, había un total de 629
efectivos en la Administración General del Estado con tal condición, mientras
que a 1 de noviembre de 2012, este número ha descendido a 578. Es decir, en
el primer año de Gobierno de Rajoy los asesores de han reducido en 51.
El Ejecutivo comienza aclarando a Díez que "lo
que comúnmente se identifica como asesor y personal de confianza" es
"personal eventual" y que son las leyes de la función pública las
que determinan los órganos de gobierno de las administraciones públicas que
pueden contratar a personal de esa categoría.
En el caso de la Administración General del Estado,
explica Moncloa, el personal eventual, con carácter general,
"sólo" presta funciones en el Gabinete del Presidente del Gobierno,
de los Vicepresidentes, de los Ministros y Secretarios de Estado, así como
"algunos puestos" correspondientes a oficinas de prensa o relaciones
sociales. Añade que, tanto su número como sus retribuciones tienen
"carácter público".
Respecto a los criterios utilizados para su selección,
el Gobierno detalla que, tanto su nombramiento como su cese "son
libres", y que, en todo caso éste último (el cese) coincide con el
cese de la autoridad a la que presta la función de confianza o asesoramiento.
"Por eso, la condición de personal eventual no podrá constituir mérito
para el acceso a la función pública o a la promoción interna", puntualiza.
NO SE EXIGE TITULACIÓN ALGUNA
A la pregunta de Díez de si es cierto, como se ha
publicado, que 68 asesores del Presidente del Gobierno no poseen graduado
escolar, el Ejecutivo recuerda que para el nombramiento de este tipo de
personal "no se exige el requisito de estar en posesión de titulación
alguna", si bien agrega que ahora la mayoría de ellos son funcionarios
de carrera.
La diputada también quería saber qué necesidades
justificaron la publicación de 129 plazas de libre designación repartidas por
casi todos los ministerios. "Mientras que las convocatorias de plazas para
funcionarios se han paralizado, las convocatorias de personal de libre
designación siguen estando a la orden del día, siendo muchas de las veces
miembros de los partidos en el poder, quienes ocupan las plazas
provisionadas", se quejaba la líder de UPyD.
El Gobierno le ha contestado negando que la elección
de los elegidos para puestos de libre designación no es arbitraria, puesto que
deben cumplirse varios requisitos, incluida la idoneidad de los candidatos.
Además, añade que los días 1 y 15 de cada mes se publican todas las
convocatorias de provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación de todos los departamentos ministeriales.
Santiago Díaz Moralli
Responsable de relaciones con
los medios
Círculo PODEMos Castelldefels
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2/3/15
L’oposició exigeix a l’alcalde del PP més transparència en el pla d’usos del nou ambulatori
PSC,
ICV-EUiA i CiU reclamen el dret de la ciutadania a conèixer de forma íntegra
els serveis del 3er CAP
El
Partit Popular gestiona el projecte del nou ambulatori de Castelldefels
d’esquenes a la ciutadania. Per aquest motiu, els grups de l’oposició (PSC,
ICV-EUiA i CiU) han aprovat una moció presentada pel grup socialista en què es
demana a l’alcalde, Manuel Reyes, més transparència a l’hora d’informar sobre
el pla d’usos del 3er CAP.
El
líder del PP va amagar durant 6 mesos la informació dels serveis del centre,
tot i la insistència dels grups de l’oposició. La candidata del PSC a
l’Alcaldia de Castelldefels, Maria Miranda, assegura que “aquesta manera de fer
de l’alcalde em fa pensar que en aquest projecte s’amaga alguna cosa… la
ciutadania no mereix un govern que faci i desfaci a esquenes de la gent”.
Finalment va ser el Conseller de Salut de la Generalitat qui, a finals de 2014,
va informar del pla d’usos de l’ambulatori, aprovat el mes de juliol anterior.
Un
pla d’usos que, segons la resposta donada pel Conseller Boi Ruiz, a una
pregunta formulada pel Grup Parlamentari Socialista, contempla els següents
serveis: d’una banda, no s’amplien els serveis sanitaris de Castelldefels, sinó
que es traslladen 4 metges/esses i 4 infermers/es d’atenció primària, així com
el servei de rehabilitació, que fins ara hi havien al CAP del Castell. D’altra
banda, s’hi ubicarà el servei del centre de salut mental d’adults, un servei
d’hospital de dia de salut mental d’adults i un servei d’atenció i seguiment de
drogodependències, que també donarà servei als pobles veïns.
El
secretisme i manipulació que envolta el projecte arriba fins el punt que el Sr.
Romo, regidor de l’Ajuntament, va explicar, en el Consell de Barri a Vista
Alegre, que el consistori s’havia compromès per carta amb la Conselleria de
Sanitat per cedir els terrenys. Ho va fer sense haver informat obertament a la
ciutadania sobre els serveis del centre. Miranda assegura que “no és una
sorpresa coneixent la praxis del PP. La voluntat d’enganyar i manipular, sumat
a l’absència de diàleg amb l’oposició, perjudica a la ciutadania i al futur del
municipi”.
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20/1/15
El juez archiva el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre
Considera que la expresidenta madrileña no cometió un delito de desobediencia al no seguir las órdenes de los agentes de movilidad que le dieron el alto.
Esperanza Aguirre no cometió
ningún delito cuando
huyó de los agentes
de movilidad en la Gran Vía de Madrid el pasado mes de
abril cuando estacionó su vehículo particular en un carril bus,
según un auto judicial conocido este martes.
El
juez Carlos del Valle reitera los mismos argumentos que fueron rechazados por
la Audiencia de Madrid que le obligó a investigar la posible comisión de un
delito de desobediencia
porque la dirigente popular no siguió las órdenes de los
agentes de movilidad.
El
magistrado recoge en su resolución la versión ofrecida por los agentes de
movilidad y de la policía municipal que participaron en los hechos. Estos
ratificaron en el juzgado que dieron el alto a la política conservadora y que
incluso la persiguieron con las luces encendidas del vehículo policial hasta su
domicilio. Sin embargo, Aguirre ha negado que escuchara la orden de alto y
alegó que se marchó del lugar porque temía que le pasara algo al ser "una
persona pública".
El
magistrado da plena credibilidad a la política porque "no se dio cuenta de
que le daban el alto". Por ello, niega que haya cometido algún delito por
esta actuación. Y limita estos hechos a una falta administrativa. No obstante,
no deja de ser curioso que en la mayoría de casos la opinión de un agente, y no
digamos de más de uno a la vez, tiene presunción de veracidad, pero en esta
ocasión la opinión de los agentes no vale para nada.
Con
el archivo de esta causa, se allana de momento la vuelta de Aguirre a la
primera línea de la escena política.
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12/11/14
Interpol pide la detención preventiva de los ex - ministros Martín Villa y Utrera Molina
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| Fotografía
de archivo del exministro de la transición Rodolfo Martín Villa y del exministro franquista José Utrera Molina. |
La oficina argentina reclama a la de Madrid
el arresto preventivo de los 20 imputados
por los crímenes del franquismo
La sección argentina de Interpol ha cursado una comunicación "muy urgente" a su oficina en Madrid en la que reclama la detención preventiva de los 20 imputados por una jueza argentina por los crímenes del franquismo. Entre ellos figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
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