La Unión
Europea está mostrando de nuevo, mediante el actual tratado firmado con Turquía
el pasado 18 de marzo de 2016, su incapacidad para dar una solución solidaria y
basada en sus propios principios, por los que fue galardonada en 2012 con el
Premio Nobel de la Paz, a los cientos de miles de personas refugiadas que están
llegando a nuestro continente huyendo de la guerra o de las violaciones graves
de derechos humanos que se cometen en sus países de origen.
La respuesta
de la Unión Europea no se está centrando en abordar las necesidades apremiantes
de los refugiados y de las refugiadas, sino sólo en la rápida expulsión de
las mismas[. Se sigue sin hacer frente a los
compromisos que le corresponden a Europa por sus obligaciones internacionales y
por su riqueza económica, así como tampoco por las propias decisiones sobre
reasentamiento de las personas refugiadas que sus estados miembros acordaron en
el año 2015, las cuales eran claramente insuficientes en todo caso para las
necesidades reales de las personas que buscan refugio, como lo son las 72.000
personas que como máximo se reasentarán según el nuevo acuerdo.
Aunque el
tratado señala explícitamente que cualquier modalidad de implementación del
mismo respetará la legislación internacional y europea, así como que se
descarta toda expulsión colectiva y apresurada, no entendemos cómo será ello
posible dada la velocidad de las devoluciones a suelo turco que se quieren
llevar a cabo antes de haber hecho realmente operativas las medidas para que
todas las personas con necesidad de protección internacional puedan ser
realmente entrevistadas de forma individual para determinar si sus solicitudes
pueden ser estudiadas en Grecia, así como para que puedan posteriormente, si
ello es necesario, tener derecho a interponer un recurso antes de que tenga
lugar cualquier devolución a Turquía. ACNUR señala como el acuerdo se está
implementando en Grecia sin la puesta en marcha de las garantías exigidas,
mientras se convierte a los anteriores centros de registro en instalaciones de
detención. En este momento, Grecia no tiene la suficiente capacidad en las
islas para evaluar las solicitudes de asilo, ni tampoco se dan las condiciones
adecuadas para albergar de forma digna y segura a las personas mientras se toma
una decisión sobre su solicitud de asilo.
El doble lenguaje de los dirigentes europeos no puede esconder las
innumerables contradicciones del acuerdo alcanzado con Turquía para gestionar
la crisis de los refugiados, a la que sólo denominan como crisis migratoria,
para negarles el enfoque de derechos humanos a su problemática. Según Amnistía
Internacional, el doble lenguaje de este acuerdo encubre los argumentos
fallidos sobre los que se basa la tenaz determinación de la Unión Europea de
dar la espalda a una crisis global de refugiados e ignorar obstinadamente sus
obligaciones internacionales. Europa debe ayudar además de forma urgente y sin dilaciones a los miles de
personas que se hacinan en fronteras, en ciudades como Atenas o en campos
abarrotados como el de Idomeni, que no tiene las mínimas condiciones para la
subsistencia.
La cifra de
refugiados es asumible si los países europeos dan una respuesta común que
implique distribuir a estas personas en relación al peso poblacional y al PIB
de cada uno de sus miembros. Un millón (o incluso dos) de refugiados no es una
invasión en un continente en el que viven 500 millones de personas.
Por otra parte, recordar que Turquía no es un país seguro para las personas
refugiadas, y cualquier proceso de devolución que se base en esta idea será
equivocado, ilegal e inmoral, da igual las garantías ‘fantasma’ que se
indiquen. Así, en Turquía no se permite solicitar la condición de refugiado a los sirios, afganos o
iraquíes, por ejemplo, dado que Turquía, pese a los avances habidos en este
campo de protección de derechos a los sirios, aún excluye que las personas que
no son europeas puedan beneficiarse de la condición de refugiados o refugiadas,
por lo que no tienen los derechos que contempla la normativa internacional, y
pueden ser devueltas a su país de origen pese a haber huido del mismo por miedo
a que sus derechos fueran violados, como ya ha pasado tras la firma del acuerdo
con Turquía. También vale la pena ver que, pese al enorme trabajo y esfuerzo
económico que ha supuesto para Turquía hasta ahora la gestión de los
campamentos de refugiados en sus fronteras, dicho estado ha sido parte del
conflicto en diversos momentos, bombardeando algunas zonas del país, por lo
cual las personas procedentes de las zonas afectadas por dichos bombardeos, que
generalmente son de origen kurdo, no pueden percibir a Turquía como el país
seguro que dicen que es las autoridades europeas, o cerrando fronteras cuando
ello no está permitido.
Además de lo
anterior, ha llegado la hora de exigir responsabilidades políticas y penales a
aquellas autoridades europeas que han omitido el deber de socorro a miles de
personas que se encuentran en peligro como también por el maltrato moral y físico
a que son sometidos los refugiados que intentan salvar sus vidas o huir de la
represión y el hambre cuando llegan a nuestro continente.
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