El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado cambios legales en apoyo de las familias sin ingresos en riesgo de desahucio por el impago de la hipoteca así como un código de buenas prácticas, de carácter voluntario para la banca, que tratará de impulsar que las entidades acepten que los parados puedan cancelar sus obligaciones de pago del préstamo hipotecario con la simple entrega de la vivienda al banco o caja de ahorros.
REQUISITOS
El ministro ha detallado dos bloques de inicitavas para resolver lo que ha calificado como un grave problema social. Por una parte habrá cambios legales dirigidos a definir qué se entiende por familia en "umbral de exclusión". El ministro ha adelantado que se tendrá en cuenta que el impago afecte a la primera vivienda, con todos los miembros de la familia sin ingresos ni patrimonio suficentes para atender sus compromisos hipotecarios. Para estas familias la ley obligará a aplicar unos intereses moratorios (multas por impago) más bajos. Además, Economía, de acuerdo con el ministerio de Justicia, decidirá si parte o toda las letras ya pagadas se aplicarán a reducir el capital pendiente de pago, aunque en principio solo hubieran sido para pagar intereses. Los cambios legales anunciados por el ministro incluyen modificaciones en el sistema de subastas inmobiliarias para hacerlas más transparentes y accesibles a todo el público.
COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
El segundo bloque de medidas constituye un código de buenas prácticas que podrá ser aceptado o no por las entidades financieras. Quienes asuman este código, aceptará la dación en pago de la vivienda en los casos de familias en el umbral de exclusión. Estas entidades también se comprometerán a asumir parte de la sobretasación con la que se valoraron las viviendas en el momento del boom inmobiliario. Además, aceptarán alargar hasta dos años el momento de la ejecución, siempre para estas familias, a cambio de percibir algún tipo de renta a modo de alquiler.
El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela se ha "congratulado" de que este tema haya pasado a formar parte de las prioridades del Gobierno pero ha criticado la voluntariedad que tendrán el grueso de las medidas y ha pedido al Ejecutivo cambios legislativos más ambiciosos.
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