Los 20
acusados relacionados con la trama de explotación
de mujeres e inmigrantes y
corrupción policial desde los
macroprostíbulos de Castelldefels Riviera y
Saratoga
declararán ante el juez el lunes 16 de setiembre en la sala
Polivalente de la Audiencia
de Barcelona.
Según el auto de la Sección
9 de la Audiencia ,
la sala tratará las cuestiones previas al juicio el viernes 12 y el lunes 15 de
julio a partir de las 9.30 horas, y los interrogatorios se llevarán a cabo a
partir del 16 de septiembre.
Los dos macroburdeles permanecen cerrados desde marzo de 2009 por orden de la
titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona por una presunta trama de
corrupción policial que podría haber permitido a estos locales explotar a
inmigrantes irregulares.
La trama implica a diversas personas, entre ellas seis miembros del Cuerpo
Nacional de Policía, tres abogados, un funcionario del Ayuntamiento de
Barcelona, un ingeniero y los responsables de los locales de alterne de
Castelldefels Riviera y Saratoga.
PETICIÓN DEL FISCAL
El fiscal pidió en su escrito
penas de 3 a
44 años por los delitos de favorecimiento de prostitución, pertenencia a
organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo,
revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de
perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada,
falsificar documento oficial, extorsión en concurso medial con delito cometido
por funcionario público contra derechos individuales, violación de información
por razón de cargo e infidelidad en custodia de documentos.
Para el acusado José Javier M. P., inspector jefe de la Policía Nacional
en la Brigada
Nacional de Extranjería, el fiscal solicitó la pena más
elevada de hasta 44 años por dos delitos de cohecho pasivo y siete de
extorsión.
Según la Fiscalía ,
estos policías cometieron un delito de favorecimiento de la prostitución
"prevaleciéndose de su condición de autoridad" y otro de pertenencia
a organización o grupo criminal, alertando a los responsables de las
inspecciones a cambio de dinero, y entre ellos está implicado el comisario Luis
G. G., para el que pide 25 años.
Para los propietarios y encargados de los clubes, el fiscal pide de 7 a 18 años; para los policías
de 16 a
44; de 5 a
20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero,
además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolver sus sociedades.
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