La asociación vecinal El Baixador denuncia
al Ayuntamiento «contaminación acústica»
·
Por su parte, el
Consistorio tilda de infundadas
las reclamaciones del grupo de vecinos,
al que
acusa de «falta de perspectiva» y
de «caer en la manipulación» para tratar de
solucionar «problemas de índole particular».
El enfrentamiento entre un
grupo de vecinos de la playa de Castelldefels y responsables de chiringuitos
continuará en la judicatura.
Aunque los nueve chiringuitos aceptaron bajar la música e instalar limitadores
de ruido para minimizar las quejas de una asociación vecinal, el conflicto se
dirimirá en los tribunales.
El Juzgado Contencioso
Administrativo 5 de Barcelona ha admitido a trámite la demanda de la Asociación
de Vecinos El Baixador contra el Ayuntamiento de Castelldefels, al que achacan pasividad e
inacción ante una «problemática de contaminación acústica».
Desde el Consistorio tildan de infundadas las reclamaciones del grupo de
vecinos, al que acusa de «falta de perspectiva» y de «caer en la manipulación»
para tratar de solucionar «problemas de índole particular».
El empeño del colectivo vecinal
provocó que la playa de Castelldefels, visitada el verano anterior por más de
un millón de personas, perdiese la bandera azul: la Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor, entidad que otorga el distintivo, castigó a la ciudad por el ruido
generado por un único chiringuito, situado en el barrio El
Baixador y sancionado con anterioridad por el Consistorio.
Una vez judicializado el
conflicto, un contencioso resolverá la disputa a través de «un procedimiento de
urgencia reservado a procesos en que los derechos fundamentales están bajo
amenaza»,
explicaron desde el Col·lectiu Ronda, cooperativa jurídica que representa a la
asociación vecinal El Baixador.
La demanda de la entidad, a la
que ha tenido acceso este diario, asegura que el Ayuntamiento peca de pasividad
«a la hora de hacer respetar su propia normativa». Según los denunciantes, el
Consistorio no hace todo cuanto está en sus manos para evitar a los vecinos
estar «expuestos a niveles de ruido excesivos». Por su parte, el gobierno municipal dice
haber hecho «los deberes» para el descanso de la gente.
El abogado que representa a la
entidad El Baixador, Marc Vilar, del Col·lectiu Ronda, afirma que la cota de
contaminación acústica que afecta a las viviendas de los denunciantes es
comparable a «tener una discoteca al aire libre a menos de 80 metros» y
«ultrapasa de largo lo que dicta la normativa».
Ese extremo, que el
Ayuntamiento y los chiringuitos niegan con rotundidad, «se alarga desde hace
más de dos años, sin que la autoridad municipal intervenga para proteger el
derecho a la intimidad» de los residentes, según el citado letrado.
El Consistorio rechaza las
críticas de pasividad, defiende una «actuación diligente» y reivindica que las
actividades de los establecimientos están autorizadas por el Govern. En cuanto a las críticas de
falta de diálogo, fuentes municipales señalaron a este diario que El Baixador
es «con gran diferencia» la asociación vecinal con la que el alcalde, el
popular Manuel Reyes, ha mantenido un mayor número de reuniones.
El teniente de alcalde David
Solé explicó al diario EL MUNDO que «hemos hecho los deberes: respeto por el
descanso vecinal, abundantes sanciones a chiringuitos, instalación de
limitadores de ruido que bloquean cualquier aumento sobre el volumen pactado, y
registradores que detectan cualquier equipo de sonido que no pasara por el
limitador».
Solé acusó a la entidad de
«falta de perspectiva» en cuanto a la dinamización de la playa: «Problemas
particulares nunca deberían derivar en una demanda. La manipulación no debe
consentirse en una entidad vecinal. Poner palos a las ruedas al crecimiento de
Castelldefels no debería ser el modelo», zanjó.
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