9/2/12

GARZÓN CONDENADO A 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN, SÓLO POR EL ‘CASO GÜRTEL’



La Fiscalía coincidió con las tesis de la defensa y pidió la absolución al considerar que no se había cometido delito, pero sus colegas del Supremo han sido implacables.


La condena a 11 años de inhabilitación, apoyada de forma unánime por la Sala, supondrá la expulsión de Garzón de la carrera judicial. El tribunal ha estado integrado por Joaquín Giménez (presidente), Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero (ponente), Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel Marchena.

Claves del juicio a Garzón 

por las escuchas a la trama Gürtel


El Tribunal Supremo juzgó entre el 17 y el 19 de enero a Baltasar Garzón por ordenar la interceptación de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en el caso Gürtel y sus abogados. Estas han sido alguna de las claves de ese juicio, primero de los tres en los que está inmerso Garzón, en el que ha sido condenado a 11 años de inhabilitación:

QUERELLA: La causa se abrió a raíz de la querella presentada en 2009 por Ignacio Peláez, abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel --el empresario José Luis Uribarri--, que pidió 10 años de inhabilitación, frente a los 17 que solicitó la representación del considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, y de su número dos, Pablo Crespo.

DELITOS: El juez instructor decidió juzgar a Garzón por los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales, al entender que el juez "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" y que "le resultó indiferente" que su contenido fueran únicamente las estrategias de defensa.

ACUSACIÓN: Ignacio Peláez dijo que grabar las conversaciones fue "burdo, prevaricador y contrario a derecho" y negó representar al PP, en respuesta a las insinuaciones de la Fiscalía de que el proceso buscaba la nulidad del caso Gürtel. José Antonio Choclán, abogado de Correa, dijo que Garzón había dado "un cheque en blanco" a la Policía y había ordenado grabar a los abogados personados en la causa "como si todos fueran corruptos".

DEFENSA: Baltasar Garzón, en su turno de última palabra, asumió todas y cada una de las decisiones adoptadas y aseguró que había protegido el derecho de defensa. Aseguró que la intervención de las comunicaciones era la única vía para evitar que la red corrupta "siguiera delinquiendo desde prisión".

FISCALÍA: Coincidió con las tesis de la defensa y pidió la absolución al considerar que no se había cometido delito.

TESTIGOS: Comparecieron cinco funcionarios policiales y el propio abogado querellante Ignacio Peláez, llamado por el abogado de Garzón. Los policías aseguraron que el juez les había dado la orden de salvaguardar el derecho de defensa. El abogado aseguró, cuando compareció como testigo, que las conversaciones intervenidas sirvieron para planificar la estrategia de defensa de su cliente que, de esa forma, pudo ser conocida por el instructor, la fiscal y la Policía.

LA FRASE: "Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen", dijo Garzón citando al político alemán Willy Brandt.


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